El domingo, los brasileños acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente. Pero desde hace meses, la cuestión que se plantea en el país no es quién ganará, sino si Jair Bolsonaro, el actual líder del país, intentará dar un golpe de Estado si pierde.
Bolsonaro, quien va a rezagado en las encuestas, ha hecho todo lo posible por sembrar dudas sobre la validez de las elecciones brasileñas, al afirmar, por ejemplo, que las máquinas de votación electrónica del país serán manipuladas para inclinar el voto a favor de su oponente de izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A pesar de las relaciones amistosas de Bolsonaro con los militares, parece carecer del apoyo institucional que necesitaría para dar un golpe de Estado exitoso. Y si pierde por un amplio margen, puede llegar a la conclusión de que es más prudente aceptar el resultado que intentar anularlo.
Pero a muchos les sigue preocupando la posibilidad de un levantamiento violento por parte de sus partidarios, similar al que experimentó Estados Unidos el 6 de enero de 2021, pero potencialmente a mayor escala.
Y eso ha llamado la atención sobre el papel potencialmente importante de la fuerza policial de Brasil en cualquier levantamiento postelectoral. Si se producen disturbios masivos, la llamada policía militar del país, una fuerza de aproximadamente medio millón de oficiales, sería llamada a restaurar el orden. La policía militar está separada de la policía federal, una fuerza más pequeña bajo el mando del Ministerio de Justicia. A pesar de su nombre, las fuerzas de la policía militar están bajo el mando de los gobernadores estatales y no de las fuerzas armadas.
Bolsonaro ha pasado años cultivando su apoyo.
¿Controlar la crisis, o no?
Puede ser fácil olvidar que la policía es un actor político. Los militares y los altos tribunales tienden a recibir mucha atención en las especulaciones sobre si los golpes de Estado podrían o no ser inminentes. La policía, por el contrario, suele ser vista como funcionarios municipales de bajo nivel, importantes cuando se trata de cuestiones de orden público cotidiano, pero no decisivos en cuestiones de supervivencia democrática.
Esto puede ser razonable cuando se trata de golpes de Estado tradicionales, que casi siempre requieren el control de los militares para tener éxito, y a menudo también recurren a los altos tribunales para reforzar su legitimidad. (Hay una razón por la que se oye hablar mucho de “golpes militares” y poco de “golpes policiales”).
Pero las revueltas, los levantamientos populares y otras formas de disturbios masivos son diferentes de los golpes tradicionales. La policía suele ser la primera línea de respuesta a estas acciones masivas. Y eso les da un enorme poder para influir en los resultados, por una razón sencilla: pueden decidir si aparecen o no.
En la Revolución naranja de Ucrania de 2014, por ejemplo, se produjo un momento decisivo cuando la policía antidisturbios del país, que había perdido la fe en la capacidad del gobierno para aislarlos de la persecución u otras consecuencias, se negó a desalojar a los manifestantes de la plaza que habían ocupado en la capital. Su abandono del gobierno resultó ser un punto de inflexión, y este se derrumbó poco después.
En cambio, durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, la actuación decisiva de la Policía del Capitolio protegió a los integrantes del Congreso y a su personal, y acabó por controlar los disturbios.
Por supuesto, la policía también puede desempeñar un papel más directo en las crisis electorales. En Kenia, en 2007, por ejemplo, el país estalló en violencia tras acusaciones creíbles de manipulación de votos contra el presidente en funciones. Más tarde, una investigación oficial encontró pruebas de que el gobierno había desplegado 1600 agentes de policía vestidos de civil “para actuar como agentes del gobierno en la interrupción de los procesos electorales o su participación en ellos”, y que los agentes de policía habían matado posteriormente a más de 400 personas y participado en violaciones, saqueos y otros delitos durante la violencia postelectoral.
‘Activaron un sistema de frenos’
En Brasil, Bolsonaro ha pasado años cortejando el apoyo de los oficiales de la policía militar del país, unidades fuertemente armadas que alguna vez fueron parte del ejército durante los años de dictadura del país, pero que ahora dependen de los gobernadores civiles, dijo Yanilda María González, una politóloga de la Universidad de Harvard que estudia la policía en el continente americano. Esto ha suscitado la preocupación de que la policía pueda respaldar a Bolsonaro en un intento de golpe de Estado, negarse a actuar contra un levantamiento de sus partidarios o ir a la huelga si su oponente es declarado ganador.
Adilson Paes de Souza, un teniente coronel retirado de la policía militar que ahora es investigador de psicología policial, dijo que cree que la policía militar es, como individuos, en su mayoría pro-Bolsonaro. Pero el apoyo personal no significa necesariamente que la policía como institución participaría, o se negaría a intervenir, en un levantamiento o golpe de Estado después de las elecciones.
En el último año, las autoridades estatales han tomado medidas para reprimir la actividad política de la policía, que tiene prohibido hacer declaraciones políticas públicas. En agosto de 2021, por ejemplo, el gobernador de São Paulo despidió a un comandante de la policía que había publicado un llamamiento público en Facebook para que la gente asistiera a un mitin de Bolsonaro el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. Esa misma semana, los gobernadores de los estados del país plantearon la cuestión del apoyo de la policía a Bolsonaro en una reunión, y reiteraron la importancia de garantizar que se mantuvieran dentro de los límites legales y constitucionales.
El Supremo Tribunal Federal también ha enviado fuertes señales de que no cooperará con ningún intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro o sus partidarios. El tribunal ha ampliado fuertemente sus propios poderes en los últimos años en un esfuerzo por contrarrestar a Bolsonaro, aunque muchos expertos ahora advierten que los esfuerzos de los tribunales han tomado un giro autoritario, que socava la legitimidad de una institución crucial de la democracia brasileña.
Paes de Souza dijo que hasta el año pasado, se había sentido “totalmente seguro” de que si el líder de extrema derecha intentaba un golpe, la policía lo acompañaría. Pero después de la reacción institucional de los gobernadores y otros, tiene más confianza en que la democracia prevalecerá. “Las autoridades en estas situaciones han despertado. Y han actuado como instituciones democráticas”, me dijo Paes de Souza. “Dijeron ‘basta’. Activaron un sistema de frenos”.
Pero si ese sistema de frenos falla, las consecuencias podrían ser catastróficas.
“Las fuerzas policiales, a diferencia de las militares, están repartidas por todo el país”, me dijo González. “Son números enormes. Solo la policía de São Paulo tiene más de 100.000 integrantes”.
Y añadió: “Me preocupa mucho la magnitud del daño que podrían causar en poco tiempo los agentes de policía, si participaran en algún tipo de golpe”.
